Diego Ramírez Toro.

En la industria de transporte carretero trabajan unas 245.000 personas, incluyendo conductores, mecánicos, personal de administración, auxiliares y los propios empresarios del sector, dado que estos emprendimientos son mayoritariamente familiares. De esta manera, si se considera el conjunto de los subsectores transporte de carga y logística, entregan el equivalente al 7% del empleo nacional. ¿Pero quiénes están tras esta batería de números? En general, se acepta que el sector lo componen unas 40.000 empresas, de las cuales un 95% son Pymes y de estas 24.000 son empresas de transporte formales y 16.000 semiformales o informales, lo que produce distorsiones en el mercado, afectando la competitividad del sector y generando un empleo precario.

En el escenario recientemente descrito, las empresas más pequeñas, por lo general, tienen escaso acceso al capital, presentan problemas de modernización de sus equipos y no ejercen un rol en el equilibrio del mercado, pues su tamaño les impide negociar con cierta equidad de trato ante los generadores de carga.

En otro orden, en materia de innovación, tanto en gestión como en tecnología, la situación es menos favorable aún, lo que conlleva escasa inversión en capacitación y profesionalización. Lo que sí está fuera de discusión es que las Pymes del transporte son muy dependientes de los grandes generadores de carga. Una de las demandas más sentidas es la oportunidad de los pagos por los servicios que prestan. Las demoras en la cancelación pueden alcanzar 60 días y más, lo que significa que trabajan en condiciones precarizadas, sin mayor caja para el pago de sueldos, combustible, la cuota del camión, impuestos y otros. Esta situación, la tardanza impresentable de los pagos, es parte de las conversaciones que últimamente la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, Conapyme, tiene con actores gremiales relevantes del empresariado, como la CPC y Sofofa.

Una mirada más política, pasa por considerar que a las Pymes del transporte hay que entenderlas como un actor social, antes que entes puramente económicos. Esa visión pasa por reconocer que existe una precarización de la pequeña empresa, consecuencia directa de un trato no equitativo que da cuenta de que otros conglomerados más grandes no entienden lo que significa un rayado de cancha justo e igualitario en oportunidades. Por encima de todo, hay que considerar que los pequeños emprendimientos son la puerta de entrada de las clases más desprotegidas al mercado laboral, al propio sistema de libre competencia.

Son miles los casos de empresas transportadoras de todos los tamaños, que se iniciaron cuando el chofer le compró un camión a su patrón y empezó a trabajar por cuenta propia. Eso significa que el transporte por camión es un activo importante en una sociedad que aspira a ser cada vez más democrática y que favorece la cohesión interna.

En suma, hay que pensar la Pyme como un mecanismo que legitima desde la propia base social el sistema de libre emprendimiento, puesto en entredicho por algunos.