¿Cuáles han sido los avances de la política habitacional del Gobierno en el último año?
Creamos una nueva política, que marca un antes y un después, porque por primera vez vamos a resolver simultáneamente una trilogía de desafíos: cantidad, calidad e integración social. Vamos a reducir significativamente el déficit habitacional, en especial el de las familias más vulnerables, sin olvidar a la clase media. Aumentamos los montos de todos los subsidios para garantizar viviendas básicas de mayor superficie, de mínimo dos dormitorios, ampliables, insertas en barrios equipados. También hemos generado estrategias e instrumentos para corregir los efectos de políticas urbanas deficientes.

¿Cuáles son las mejoras que vienen para el 2007 y 2008?
El principal desafío será hacer realidad la política habitacional. Sólo este año ejecutaremos 27 millones de UF; 11 millones más que el 2006. El 70% de estos recursos está focalizado en las familias más vulnerables y se expresarán en un total de 135 mil subsidios. Este año estamos estrenando nuevos e importantes programas: el Fondo Solidario II, que promueve la compra de viviendas construidas o usadas para el 40% más pobre de la población, permitiendo a las familias escoger vivienda y barrio, y favoreciendo la integración social a través de la instalación en zonas consolidadas de la ciudad.También estamos entregando los primeros subsidios a la localización, de hasta 200 UF, para premiar la buena ubicación de viviendas para familias vulnerables. Además, acabamos de crear el Subsidio Complementario para Proyectos Integrados, un incentivo para conjuntos que complementen viviendas de los programas dirigidos a la clase media y a familias vulnerables; y el Programa de Protección al Patrimonio familiar, con 160 mil subsidios para el período, que permite mejorar y ampliar viviendas o mejorar entornos, a quienes recibieron viviendas con inferiores estándares.

¿Qué desafíos faltan aún por resolver?
Yo diría que la segregación urbana, que es un menoscabo a nuestra democracia y empaña los éxitos de los gobiernos de la Concertación en materia económica. Estamos trabajando un conjunto de estrategias para disminuir y revertir la segregación en la ciudad. He mencionado el subsidio a la localización, los Proyectos Integrados; y la promoción de la vivienda usada. A ellas se suman la gestión de suelos públicos, los cambios normativos a usos de suelos y el proyecto de Ley de Integración Social, que busca asegurar suelos para viviendas básicas en todas las comunas del país, y que próximamente esperamos debatir en el Parlamento.

¿Cómo está funcionando el programa Quiero mi Barrio?
El programa partió el 2006 en 75 barrios de 79 comunas en todo el país. Tenemos iniciadas 66 obras de confianza y 46 consejos vecinales de desarrollo constituidos. Lo estamos haciendo de manera participativa, trabajando con la comunidad para recuperar los espacios públicos, mejorar la infraestructura y el equipamiento de cada barrio, y también la confianza entre los propios vecinos. Invertiremos más de US$350 millones en la recuperación de un total 200 barrios, beneficiando a más 500 mil personas. Tenemos la enorme tarea de recuperar los sectores más deprimidos y vulnerables del país, poniendo en el centro de nuestro quehacer a las personas.

¿Cómo buscan compatibilizar el tema de la vivienda social con su emplazamiento en lugares con reales oportunidades de desarrollo para sus habitantes? ¿Cómo abordan el concepto de construir ciudades con mejor calidad de vida?
Como Ministerio, el abordaje lo hemos hecho desde tres puntos de vista: la Política Habitacional, el Programa de Recuperación de Barrios y la Agenda de Ciudades que se complementan en el objetivo final: construir ciudades que entreguen bienestar y progreso a las personas. No sólo nos preocupa la vivienda y su materialidad, sino también su ubicación, porque sabemos que las ciudades pueden ser una fuente de oportunidades para el desarrollo o una fuente de problemas, como desempleo, pobreza, violencia, marginalidad, etc.

Contamos con una Agenda Urbana, a través de la cual queremos promover ciudades más participativas y cohesionadas socialmente; que se desarrollan respetando el medio ambiente y que generan las condiciones para crear más empleo, más inversiones y mayores oportunidades de desarrollo para todos. Esta Agenda busca crear las condiciones para ello mediante una reforma a la Ley General de Urbanismo y Construcción, que nunca se ha actualizado bajo democracia; una gestión urbana integrada, en que al 2010 esperamos que todas las ciudades de Chile cuenten con su Plano Regulador; y un incremento de la inversión en espacios públicos, vialidad y barrios. El Ministerio invertirá en los próximos tres años, más de US$1.200 millones en obras urbanas, con criterios de descentralización y equidad, el 90% de esos recursos irá a regiones distintas a la Metropolitana y el 75% a ciudades medias y pequeñas.

¿Qué opina del planteamiento de diversos arquitectos de que se les considere más al momento de propiciar iniciativas urbanas?
Los arquitectos han tenido una activa participación en las nuevas, políticas de vivienda, barrio y ciudad en dos instancias asesoras con que cuenta el Ministerio, una en materia urbana y la otra en el tema habitacional, integradas por arquitectos de prestigio y trayectoria, como Maria Elena Ducci, Juan Sabbagh, Víctor Gubbins, José Ramón Ugarte, Alfredo Rodríguez y Julio Poblete, entre otros. Además de profesionales de otras disciplinas, como Francisco Sabatini, Vicente Domínguez, Bernardo Echeverría y Pablo Trivelli, por nombrar a algunos.

¿Están considerando a todas las ciudades de Chile en la Nueva Política Habitacional?
Estamos trabajando en todas las ciudades de Chile, escuchando a sus habitantes y buscando cómo darles respuesta, considerando las particularidades de cada región. Estamos dando un tratamiento especial a las zonas aisladas, que favorecen su plena integración a las políticas de vivienda, barrios y ciudades del Ministerio. Aumentamos sustantivamente los valores de los subsidios para las regiones de Aysén, Magallanes y algunas localidades de las regiones de Valparaíso, BioBío y áreas de desarrollo indígena. Establecimos montos de subsidios diferenciados para comunas que tienen condiciones de aislamiento. Hemos desarrollado Planes Territoriales en Palena, Chiloé y Arauco, y próximamente en Aysén y Tarapacá. Todos fueron construidos en terreno, con los gobiernos regionales y la activa participación de los municipios.

A nivel regional, estamos coordinando la inversión sectorial de los ministerios de Vivienda y Urbanismo, OOPP, de los gobiernos regionales y en algunos casos de los municipios, con una visión de desarrollo para cada ciudad, mediante los Convenios de Programación, que organizan un programa para maximizar la eficacia y el impacto social y productivo de la inversión.

¿Hay coordinación con otros ministerios?
Por supuesto. Como Ministra de Vivienda presido el Comité Ciudad y Territorio, que integran los ministerios de Obras Públicas, Transporte y Bienes Nacionales, y presido el Directorio Ejecutivo de Obras Bicentenario Nacional. Además integro el Comité de Ministros del Area de Protección Social y el Comité de Ministros de la CONAMA.

¿Cómo se han comportado privados, proveedores y constructoras en el área de vivienda social?
Estamos trabajando estrechamente con la CChC. Hemos abierto varias instancias de diálogo y trabajo conjunto, por ejemplo los tres Talleres de Política Habitacional: Aplicación Práctica y Aspectos Técnicos de su Puesta en Marcha, uno en la Región Metropolitana y los otros para las zonas norte y sur del país. Estamos en plena etapa de gestión, tenemos un marco suficientemente flexible que representa hacia dónde queremos llegar, y necesitamos gestionar en conjunto los instrumentos para implementar una Política Habitacional que no sólo mire la casa o el pavimento, sino también a las personas y comunidades que van a beneficiarse de ella. En el mundo moderno no se puede construir nada significativo sin una sólida alianza público-privada y en eso estamos; buscando dotar de viviendas dignas, insertas en barrios equipados y ciudades integradas a todos los chilenos y chilenas, pero especialmente a los más vulnerables.