Déficit de vivienda social en Antofagasta

Conocer el déficit habitacional en la región de Antofagasta y las problemáticas que impiden efectuar nuevos proyectos de este tipo es el fin del “Estudio de Vivienda Social” que realizó la CChC Antofagasta. El análisis arrojó que dicho déficit llegaría a las 21.000 soluciones habitacionales.

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta. El informe sobre déficit de viviendas sociales realizado por el gremio constructor recopila información desde 2006 hasta 2013, en cuanto a la entrega de subsidios, los programas habitacionales de cada política, las ejecuciones presupuestarias de éstas, la realidad de los terrenos para desarrollo de proyectos habitacionales, las variaciones en las consideraciones de los quintiles sujetos a subsidio y los costos de inversión registrados e informados por las autoridades. El Presidente de CChC Antofagasta, Jaime Tolosa, reveló que este informe será entregado a las autoridades regionales recién asumidas, con la finalidad de contribuir a la creación de instancias de diálogo y debate para avanzar con mayor rapidez y lograr ejecutar proyectos durante 2014. A destacar Uno de los antecedentes que devela este informe, es que en 2013 se otorgaron 2.642 subsidios (en los distintos programas disponibles para la región), de los cuales se ejecutaron 1.867, cifra más baja desde 2007 a la fecha. En cuanto a viviendas sociales, de 2006 a la fecha se han entregado 4.853,de las cuales 1.530 son de Antofagasta y ninguna fue entregada el año 2013. Asimismo, identifica que en la región son 21.104 las nuevas viviendas que se necesitan, de las cuales, 12.376 son para saldar el número de allegados y 9.260 para dar solución a los grupos de hacinados. ¿Cómo avanzar en este tema? La Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta entregó además sus aportes en cuanto a los lineamientos a trabajar para aminorar esta problemática: suelo, subsidios y planificación. En ese orden la CChC propone como medida para liberar suelo y tener mayor stock utilizar la fórmula del canje de terrenos a las inmobiliarias a cambio de urbanización o la venta con condiciones, además de aplicar la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (FUC). Sobre los subsidios, es necesario aplicar programas diferenciados tomando en cuenta la distorsión económica que genera la minería en la zona y evaluar el mercado secundario de viviendas (viviendas usadas bien localizadas) como incentivo para el subsidio al arriendo. Finalmente, se advierte la necesidad de planificar adecuadamente entre organismos públicos y privados, para disminuir por ejemplo los excesivos tiempos de traspaso de terrenos desde Bienes Nacionales hacia Serviu, la revisión de los proyectos por parte de las unidades técnicas y las demoras en los estados de pagos, antecedentes que desincentivan a las empresas constructoras a materializar proyectos de vivienda social y dedicarse a trabajar para este segmento.