Jaime Sarrà.

Seguramente nadie ha pedido un informe al calculista de la propiedad para saber sobre el comportamiento de la construcción en los últimos terremotos o el estado de los bienes y espacios comunes como: ascensores, impermeabilizaciones techumbre, bombas de agua, instalaciones eléctricas, sistema de calefacción, es decir, todo lo que está fuera del metraje comprado.

Esto es el gran problema que se presenta al comprar una propiedad usada una vez que el nuevo dueño ingresa a la comunidad del inmueble o a una propiedad fuera de una comunidad; generalmente los nuevos propietarios recién ahí se percatan de todos los detalles técnicos que tenía la propiedad y que ahora como nuevos dueños deberán asumir.

Esto pasa porque en Chile no existe normativa alguna para la certificación de la propiedad como tal. Los tasadores son los encargados de verificar las condiciones en las que se encuentra el departamento y su responsabilidad solo recae en dar una seña de valorización y no técnica.

Distinto es el caso de los americanos. Las instituciones financieras de EE.UU que otorgan los créditos hipotecarios aparte de los seguros, tasación comercial, informe de títulos, certificados municipales, piden el informe técnico de una certificadora registrada, en el cual se indica el estado real de la propiedad por la cual están entregando los fondos al vendedor del bien raíz que seleccionó el cliente. Con parámetros internos que las instituciones financieras manejan, ellos pueden rechazar el inmueble seleccionado.

Estas empresas certificadoras llevan durante años registros de todos las propiedades y edificios que ellos han inspeccionado y por supuesto que los administradores de los edificios y cualquiera que haya participado del proceso de construcción de la propiedad están obligados a transparentar toda la información técnica de los edificios que ellos administran (última fecha de impermeabilizaciones, últimos cambio de cables de los ascensores, último upgrade de los ascensores, estado de las calderas de calefacción o agua caliente, últimas modernizaciones que se le han efectuado al edificio, etc).

Es así que vemos cómo en Chile estamos desprotegidos. La autoridad competente, debiese implementar esta obligatoriedad y hacerla exigible a los bancos, y por otro lado, los compradores deben ser más exigentes con el vendedor al momento de solicitar los antecedentes técnicos de la propiedad que están adquiriendo, así se aseguran que la nueva propiedad cumpla con las normas vigentes.

Por otra parte, si se implementa la figura de las empresas certificadoras, los emprendedores tendrían aquí una nueva fuente laboral y podrían llegar a formar una nueva industria relacionada al mercado inmobiliario.