Unos primeros meses del año con altibajos y un futuro inmediato preocupante reconoció el presidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, al presentar el informe Macroeconomía y Construcción, MACh 64.

Según el informe, las proyecciones negativas se mantendrían, estimándose que en 2023 la inversión en construcción caería 5,9% anual, principalmente por la importante contracción de las inversiones en infraestructura productiva, tanto del sector privado como de empresas autónomas del Estado.

Esto, a su vez, se traduce en menos empleo. En el primer trimestre del año se destruyeron más de 46.000 puestos de trabajo en la construcción respecto del mismo período de 2022, faltando por recuperar cerca de 60.000 plazas para igualar el mejor registro de la industria.

Una cifra preocupante a juicio del presidente de la CChC: “Más allá de discutir si estamos en recesión técnica o no, lo que más nos preocupa es la pérdida en un año de 46.000 empleos en la construcción. Una cifra que, si la comparamos con el peak de la prepandemia, indica que se han perdido 64 mil empleos. Esta situación nos motiva a hacer un llamado a tomar medidas concretas para proteger los puestos de trabajo y crear nuevas plazas, impulsando la inversión y trabajando fuertemente en reducir la burocracia, la permisología y respetando la certeza jurídica. Ahora es el momento de hacerlo”.

A pesar de esto, el año consolida una noticia positiva: el retroceso de los precios de los materiales e insumos que usa la industria. Así, durante el primer trimestre del año los precios aumentaron 5,9% anual, lo que se compara favorablemente con el alza promedio de 25,1% anual registrada en 2022.

En el otro extremo, las noticias negativas vienen dadas por la incertidumbre ante el comportamiento de los mercados financieros y la tramitación de las reformas en nuestro país; el lento ajuste que está experimentado la actividad económica y la inflación; condiciones de acceso a crédito todavía restrictivas y la falta de certeza jurídica, de avances concretos en materia de “permisología” y productividad y de licitaciones de concesiones de obras de infraestructura, que este año no se han producido.

Para este 2023, se proyecta que la inversión en infraestructura caería 5,8% anual por un alza de 1,3% en doce meses de la inversión en infraestructura pública –aunque a marzo la ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas mostraba un retroceso anual de 36% en monto ejecutado– y una severa contracción, de 13,3% en doce meses, de la inversión en infraestructura productiva.

Sobre esto último punto, la Corporación de Bienes de Capital señala en su informe más reciente que este año la inversión productiva sería 34% menor que la de 2022, que el gasto en construcción productivo privado se contraería 43% en relación con el año pasado y que el gasto en el sector productivo público y de empresas autónomas del Estado retrocedería 12%.

En vivienda, se proyecta una caída anual de la inversión de 6,2%. La inversión en vivienda pública se contraería 4,4% en doce meses, mientras que en la vivienda privada la disminución sería de 6,6% anual.

Para el año, se estima que en Santiago se comercializarán cerca de 25.000 viviendas en el presente año y hasta 30.000 en 2024. De esta forma, y luego del retroceso de 29% en 2022, se esperan ritmos de crecimiento anual entre 22% y 17% en el 2023 y el 2024.

El escenario se ve preocupante para la ejecución de nuevos proyectos. Por ejemplo, de enero a marzo de 2023 la superficie acumulada para obras nuevas, vía permisos de edificación autorizados, llegó a 1.536.825 m2, lo que representa una caída de 44% respecto del mismo período de 2022 y una contracción de 56% en comparación con el promedio histórico (período 2000-2023). Estas son las cifras más bajas de las últimas tres décadas.

El presidente de la CChC propuso tres líneas de acción para impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento:

Acordar una Política Nacional de Promoción de Inversiones que incluya: Pactos de invariabilidad tributaria –especialmente para sectores estratégicos, como proyectos mineros o para combatir el cambio climático (plantas desalinización)– y planificación de largo plazo en materia de infraestructura y desarrollo urbano y territorial, creándose la institucionalidad que la hagan posible.

Mejorar la calidad regulatoria, incluyendo: Modernización de normativas que regulan la relación Estado-contratistas, aplicación de medidas propuestas por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y fortalecimiento de la certeza jurídica que necesitan los proyectos de inversión.

Asegurar condiciones básicas para las personas y las empresas: Condición esencial para la vida en sociedad es garantizar la seguridad pública y erradicar la violencia en sus distintas expresiones.